Desde el triunfo revolucionario en Cuba el primero de enero de 1959, el derecho a la vida, refrendado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha sido premisa y guía en el accionar de un gobierno centrado en el bienestar de los habitantes de la mayor de las Antillas.
Bloqueada y asediada constantemente por una potencia poderosa enclavada a solo 90 millas, la nación caribeña no ha descuidado un instante la salud de los nacidos aquí, y en pos de ello el Estado y el gobierno han trabajado de forma sostenida y permanente para que se mantenga como una de sus principales conquistas.
De manera gratuita e igualitaria cada individuo accede a los servicios sanitarios- incluso los más especializados y costosos para el país- pues todo ciudadano tiene derecho a la vida, como apunta el artículo 3 de la referida Declaración.
Este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, le sobran motivos a Cuba para celebrar porque dispone de un cuerpo legislativo capaz de confirmar la voluntad política de velar por el derecho a la vida como el más importante.
La Constitución de la República refrendada en 2019 por la mayoría de los cubanos, evidencia en su articulado la disposición del país de hacer cumplir el derecho humano desde diversas aristas, sobre la base del derecho a la salud pública para todos.
En ese sentido, señala en al Artículo 72 la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación. Asimismo, “el Estado, para hacer efectivo este derecho, instituye un sistema de salud a todos los niveles accesible a la población y desarrolla programas de prevención y educación, en los que contribuyen la sociedad y las familias”.
El sistema nacional de salud y todos los que en él intervienen, desde lo nacional hasta lo local, se propone y ejecuta acciones de ordenamiento, superación para que la atención médica brindada cada día sea segura, óptima y las personas transiten por el sistema según sus necesidades.
Para Dagmara Cejas Bernet, directora jurídica del Ministerio de Salud Pública, la Carta Magna no solo se refiere al derecho a la vida sino que reconoce expresamente el derecho a la vida y la salud, vinculados con los derechos sociales del individuo para su correcto desarrollo.
"Y esto no solo depende de la Constitución o la Ley 41 de Salud Pública- vigente desde 1983- sino que existen otras interrelaciones legales como la Ley del Presupuesto del Estado, la cual anualmente aprueba un presupuesto, como prácticamente no tiene otro país, para el sostenimiento de la salud pública; uno de los aspectos que consolida este proceso y permite la planificación de los servicios de salud, los recursos humanos, la formación del personal sanitario, en pos de la calidad y el aseguramiento de cada actividad, precisó".
Unos 479 mil trabajadores de la salud garantizan hoy las prestaciones a todos los niveles a más de 11 millones de cubanos, incluso la atención médica en comunidades intrincadas y de difícil acceso, una muestra irrefutable de la prioridad dada al bienestar de todos.
Y en el afán por compartir los mejores valores de esta tierra, 53 brigadas del Contingente Especializado en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve han combatido la COVID- 19 en 39 naciones.
Unos 4 mil 12 colaboradores han aportado lo mejor de la medicina cubana en el intento global por frenar la pandemia, la mayor parte de ellos laborando en zona roja y en centros de aislamiento.
Porque la Isla también expande el derecho a la vida y gracias a su solidaridad han sido atendidos unos 930 mil 834 pacientes.
La salud, parte indudable de la dignidad humana, es un derecho conquistado en Cuba hace más de seis décadas y a él, asimismo tributan otros programas sociales y leyes para favorecer a los más vulnerables.
Derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la paz, a la salud, la educación y la cultura constituyen ejes del desarrollo integral del individuo en la Isla, resumidos en el cuerpo jurídico de la nación cual concreción de las aspiraciones del Estado y la Revolución.
Desde 1950 fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos Humanos, con el objetivo de difundir los valores consagrados en la Declaración Universal de ese organismo en 1948.
Para el país caribeño se trata de un motivo para reafirmar los compromisos sociales establecidos desde 1959 y a lo largo de los años de Revolución, en aras del perfeccionamiento de cada programa social pensado “con todos y para el bien de todos”.
